El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas,
en su reunión extraordinaria de los ocho Colegios Profesionales de Economistas
que lo componen, emiten la siguiente

Declaración Institucional:

En primer lugar, este Consejo expresa su total apoyo a la declaración institucional del
Consejo General del Poder Judicial de 6 de noviembre pasado, cuando manifiesta su
“intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de
degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del
momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que
inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés
real de España”

En segundo lugar, ante la publicación de los documentos suscritos entre el Partido
Socialista Obrero Español y Junts per Cataluña, Esquerra Republicana y Partido
Nacionalista Vasco, que suponen acuerdos para facilitar la investidura del hasta ahora
presidente en funciones, queremos manifestar públicamente y sin que ello signifique o
incluya ninguna connotación política, nuestra profunda preocupación por los efectos
que la aplicación de los acuerdos tendría para nuestro país, para las instituciones y para
la sociedad en general, especialmente, en el ámbito económico y tributario:
1.- El establecimiento de una cláusula de excepción para Cataluña, con una cesión del
100% de los tributos que se pagan en esa Comunidad, supone una vulneración del
artículo 2 de la Constitución que consagra el principio de solidaridad entre las distintas
comunidades. Este Principio de Solidaridad está presente en varios preceptos de nuestra
Constitución, tales como el artículo 138.1 y 2 y el artículo 156.1
2.- El establecimiento de un plan para promover el regreso a Cataluña de las empresas
que cambiaron su domicilio social, supone una clara ruptura de la neutralidad que debe
mantener el Gobierno Central respecto de las diferentes Comunidades Autónomas.
Mientras que es lícito que las diferentes regiones pongan en marcha políticas para
incentivar la implantación de empresas en sus territorios, el Gobierno Central debe
mantenerse neutral al respecto sin fomentar o apoyar las políticas de ninguna de las
Comunidades, en detrimento de otras.
3.- La asunción de aproximadamente el 20% de la deuda viva contraída por la Generalitat
de Catalunya con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez
estatales, supondrá de facto una condonación de 15.000 millones de euros de la deuda
de la Comunidad Catalana, lo que rompe igualmente el principio de solidaridad antes
expuesto, además de generar desigualdades entre territorios. Consideramos que,
además, se sentaría un peligroso precedente en tanto que las diferentes regiones no
tendrán incentivos para mantener su deuda en niveles asumibles y gestionar sus
recursos financieros de manera eficiente, ya que se da a entender que se podrá instar al
Estado Central a asumir y condonar una parte sustancial de la deuda.
4.- La cesión de la Seguridad Social a una Comunidad Autónoma rompe los principios
rectores del sistema de seguridad social español, basado en la solidaridad entre
generaciones y entre territorios. Nuestro sistema parte del concepto de caja única, es
decir, las cotizaciones recaudadas en todo el territorio nacional sirven para financiar las
prestaciones de todos los españoles, tal como preceptúa el artículo 21 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Consejo Andaluz de Colegios Profesionales
de Economistas, considera totalmente improcedentes los distintos acuerdos de
investidura, en sus aspectos económicos, tributarios y sociales, que son los únicos que,
como Corporación Profesional, entramos a valorar, ya que suponen la vulneración de
derechos fundamentales de los ciudadanos en materia económica y tributaria, y el
claro beneficio de una parte de la ciudadanía en detrimento de los derechos de los
demás. La existencia de estas diferencias, pueden suponer, además, la ruptura de los
principios del mercado único europeo.

En Sevilla, a 14 de noviembre de 2023
CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS PROFESIONALES DE ECONOMISTAS